Guerra Civil de El Salvador

Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador (1981)

Declaración Franco-Mexicana de reconocimiento al FMLN-FDR 28 de agosto de 1981
El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castaneda, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Claude Cheysson, sostuvieron un intercambio de opiniones en relación a la situación existente en América Central.
Ambos Ministros manifiestan la grave preocupación de sus gobiernos por los sufrimientos del pueblo salvadoreño en la situación actual, que constituye una fuente de peligros potenciales para la estabilidad y la paz de toda la región habida cuenta de los riesgos de internacionalización de la crisis.
En tal virtud formulan la siguiente declaración: convencidos de que corresponde únicamente al pueblo de El Salvador la búsqueda de una solución justa y duradera a la profunda crisis por la que atraviesa ese país, poniendo así fin al drama que vive la población salvadoreña. Conscientes de su responsabilidad como miembros de la Comunidad Internacional e inspirados en los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas (ONU).
Tomando en cuenta la extrema gravedad de la situación existente en El Salvador y la necesidad que tiene ese país de cambios fundamentales en los campos social, económico y político. Reconocen que la alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del Frente Democrático Revolucionario constituye una fuerza política representativa, dispuesta a asumir las obligaciones y los derechos que de ellas se derivan.
En consecuencia es legítimo que la alianza participe en la instauración de los mecanismos de acercamiento y negociación necesarios para una solución política de la crisis. Recuerdan que corresponde al pueblo salvadoreño iniciar un proceso de solución política global en el que será establecido un nuevo orden interno, serán reestructuradas la fuerzas armadas y serán creadas las condiciones necesarias para el respeto de la voluntad popular, expresada mediante elecciones auténticamente libres y otros mecanismos propios de un sistema democrático. Hacen un llamado a la Comunidad Internacional para que, particularmente dentro del marco de las Naciones Unidas, se asegure la protección de la población civil, de acuerdo con las normas internacionales aplicables, y se facilite el acercamiento entre los representantes de las fuerzas políticas salvadoreñas en lucha, a fin de que se restablezca la concordia en el país y se evite toda la injerencia en los asuntos internos de El Salvador.


Plataforma Común del Foro Popular de El Salvador

Documento de constitución del Foro Popular de El Salvador¹ Manifestamos que:
1. Existe en el país una aguda crisis política que se expresa en un proceso antidemocrático y represivo que el gobierno y sectores y clases reaccionarias están impulsando desde hace varios años, por medio del cual han venido marginando más y más a las mayorías populares de su participación en los asuntos económicos, sociales y políticos de la vida nacional. Como una consecuencia de esa situación, el ejercicio de los derechos humanos constitucionales por parte del pueblo y sus organizaciones, se consideran oficialmente como actividad “subversiva” contra el Estado, sólo porque así conviene a los intereses de una minoría que controla el poder político y económico del país.
2. Ese proceso represivo, autoritario y excluyente, afecta la vida y funcionamiento de todas las organizaciones e instituciones sindicales, gremiales, políticas, culturales y religiosas, las cuales son controladas, espiadas, hostigadas y reprimidas en sus actividades y miembros por los cuerpos de seguridad y las bandas asesinas bajo la jefatura de éstos. De ese modo, se violan los derechos individuales y sociales y se impide el cumplimiento de las funciones que dichas organizaciones e instituciones están llamadas a jugar.
3. Junto con la crisis política a la que hacemos referencia, existe un agravamiento de las condiciones de vida del pueblo salvadoreño, en el que ningún sector trabajador queda al margen, aunque son los sectores de menos ingresos los más afectados. El ingreso real de la familia salvadoreña ha disminuido; el desempleo se ha vuelto un mal crónico, la vida en el campo ha llegado a extremos de miseria.
4. Asimismo, la economía nacional se ha vuelto más vulnerable a las influencias exteriores, dado su acentuada dependencia en relación a las potencias económicas capitalistas, lo que se ha traducido en una creciente penetración de compañías transnacionales que han venido no sólo a explotar más a los trabajadores salvadoreños, sino lo que es más grave, a seguir impidiendo las posibilidades de un desarrollo independiente de nuestro país.
5. Que en vista de esa situación, nuestras organizaciones consideran necesaria la concurrencia de sus esfuerzos, dentro de sus propias competencias, características, tácticas y modalidades de actuación, con pleno reconocimiento del pluralismo ideológico, para poner nuestra contribución en la búsqueda de una solución con iniciativa y contenido popular, a la crisis política que vive el país. Estamos absolutamente convencidos de que sólo la acción de las organizaciones populares es garantía de realización de un verdadero proceso de democratización del país. Está demostrado que quienes ahora hablan en nombre de la democracia desde las esferas oficiales, son quienes la han anulado y envilecido, incluso utilizando en los últimos años, esquemas fascistas de dominación.
6. La concurrencia de esfuerzos de nuestras organizaciones significa la inauguración de una nueva fase de lucha de nuestro pueblo, en la que hemos procurado colocar en primer plano los aspectos que nos permiten coincidir, y no las discrepancias que, como es natural, existen entre nosotros, como expresión de las diferencias ideológicas que sustentamos. De ese modo, con profundo convencimiento de la necesidad de la unidad de las fuerzas populares, creemos que debemos hacer los esfuerzos pertinentes para que luchemos por el objetivo común de conquistar la democracia y la libertad para nuestra patria, sin perder cada una de nuestras organizaciones su naturaleza e independencia. Se trata en una palabra, de superar los obstáculos que impiden la participación popular, masiva y amplia, en las acciones que definan el destino político del país.
7. La conquista de la libertad y la justicia, requiere la elaboración de un proyecto democrático y popular, el cual deberá irse elaborando con los aportes de todas las fuerzas que participen en esta concurrencia y en el proceso de lucha que ahora iniciamos juntos las organizaciones firmantes. Sin embargo nuestra coincidencia actual está basada en una plataforma de reivindicaciones políticas y económicas inmediatas que deberá servir de bandera de lucha a sectores cada vez más amplios y mayoritarios del pueblo salvadoreño. Ésta es la Plataforma para una salida democrática y popular a la actual crisis política, por la cual nos comprometemos a luchar:

1. El cese de la represión que desarrolla el gobierno y que afecta a las organizaciones gremiales, sindicales, políticas, culturales y a la Iglesia Católica, comprendidas todas sus formas de persecución, hostigamiento, control, vigilancia, cárcel, tortura, secuestro y asesinato. Para ello es necesario:
  • La disolución de los cuerpos especiales de policía política, de ORDEN, de las bandas paramilitares, tales como UGB, Falange, Mano Blanca, que son instrumentos de la política represiva del Estado y tienen por objetivo liquidar o controlar a todas las fuerzas sociales que se oponen al Gobierno y a los minoritarios sectores dominantes.
  • Respeto a la legalidad y cumplimiento de sus verdaderas funciones por parte de los cuerpos de seguridad, garantizando los Derechos Humanos y los preceptos constitucionales.
  • Amnistía general y libertad para todos los presos y desaparecidos políticos.
  • Retorno de todos los exiliados, expulsados de la Patria a partir de 1972, con garantía de seguridad y no para que sean víctimas de la represión.

2. La lucha por las libertades democráticas que signifique la participación de todos los sectores, clases y fuerzas sociales en la solución de la problemática nacional, dentro del respeto del pluralismo ideológico. Ello implica:
  • Libertad de organización sindical, gremial y política, sin la cual no es posible la participación organizada del pueblo en la decisión de los destinos nacionales en materia social, económica y política. Uno de los sectores de mayor conflictividad, el sector rural, requiere el establecimiento de instrumentos institucionales para que se expresen y diriman los conflictos; por consiguiente, la libre sindicalización y asociación de los trabajadores del campo, tiene carácter de urgencia y de necesidad, ya que el camino democrático no es compatible con la supresión de la conflictividad social por medio de la violencia represiva.
  • Reconocimiento y respeto del funcionamiento de las organizaciones sindicales, gremiales, políticas, culturales y religiosas, sin controles ni vigilancias basados en razones de “Seguridad Nacional”, ateniéndose al cumplimiento de las disposiciones constitucionales.
  • Reconocimiento pleno del derecho de huelga de los trabajadores, sin adoptar políticas represivas que impiden y obstaculizan su ejercicio legítimo. En tal sentido, se hace necesaria la reforma del Código de Trabajo, para que dicho derecho adquiera plena vigencia como corresponde a un Estado democrático, y no sea ilusorio su ejercicio o considerado “subversivo”.
  • Cese de los despidos masivos de trabajadores y dirigentes sindicales, los que aun cuando se realicen con indemnización, atentan al derecho al trabajo, a la vida, a la seguridad de los trabajadores y sobre todo a la libertad de organización sindical.
  • Libertad efectiva de expresión del pensamiento, de reunión y de movilización tal como esas libertades se encuentran establecidas por la Constitución Política. En consecuencia, debe suprimirse todas las políticas y acciones destinadas a impedir, entorpecer y reprimir el libre ejercicio democrático de estas libertades; como por ejemplo los de varios procedimientos que vuelven inaccesibles los medios de comunicación social para el pueblo y sus organizaciones, o la destrucción de aquellos pocos que mantienen su compromiso popular; los métodos de toda clase para impedir la realización de mítines, manifestaciones y reuniones.
  • Cese del control autoritario y represivo sobre el sistema educativo y respeto efectivo a la Autonomía Universitaria.

3. El cumplimiento de las anteriores demandas políticas debe ir acompalado de medidas socioeconómicas que alivien la situación de las mayorías populares, entre las que demandamos:
a) Medidas económicas y administrativas urgentes para evitar que la inflación siga ejerciendo sus nocivos efectos sobre los hogares salvadoreños. Entre esas medidas deberán incluirse las siguientes:
  • Mejora general y sustancial de los salarios de los trabajadores en todas las áreas de la actividad económica y los servicios, sin faltar los empleados estatales; condición indispensable para que puedan aspirar a una vida digna.
  • Regular efectivamente los precios de los artículos de uso y consumo popular. Parte de estas medidas serían el riguroso control de precios tanto de los artículos de primera necesidad, medicina y vestuario, como de aquellos otros vinculados a importantes servicios públicos, tales como combustibles para transporte, energía eléctrica y agua.
  • Congelamiento real de las tasas de alquileres de viviendas y control efectivo que garanticen la aplicación de multas a los casatenientes que violen esta disposición.
b) El acceso efectivo y masivo de los campesinos y trabajadores agropecuarios al uso y propiedad de la tierra, encaminado a aliviar los problemas económicos, sociales y culturales de las masas del campo, que ayuden a promover el desarrollo integral del país y constituyan la base de la liberación social para las masas rurales. También deberá otorgarse beneficios a la pequeña producción agropecuaria, otorgándole créditos en condiciones favorables, proporcionándoles asistencia técnica y garantizando el desarrollo del mercado interno para la justa comercialización de sus productos. No creemos en soluciones superficiales, ni mucho menos en los ofrecimientos gubernamentales de apertura democrática y elecciones “libres”, cuando al mismo tiempo se incrementa la represión y los gastos militares para mantener el esquema de violencia y de terror. Nuestras organizaciones son de la opinión de que el sufragio, que es uno de los instrumentos para garantizar la libre manifestación de la voluntad soberana del pueblo en la conquista y mantenimiento de su libertad y bienestar, únicamente podrá cumplir tal función en un régimen verdaderamente democrático, y no en el actual del país. La plataforma de demandas políticas y económicas que hoy presentamos, recoge las aspiraciones de la inmensa mayoría de nuestro pueblo y abarca los problemas más graves que aquejan al país en la actualidad, por ello estamos seguros que esta plataforma se convertirá en motivo de movilización de vastos y amplios sectores populares, los que más temprano que tarde harán triunfar los ideales de democracia y libertad que hoy inspiran nuestra lucha común. Creemos, como lo hemos dicho antes, que sólo la acción de las organizaciones populares es garantía para conquistar un proceso de democratización real y un régimen político nuevo, verdaderamente democrático, en donde la justicia social y la libertad sean elementos indispensables del mismo.
El Salvador, septiembre de 1979.
Partido Unión Democrática Nacionalista (UDN).– Partido Movimiento Nacional Revolucionario (MNR).– Partido Demócrata Cristiano (PDC).– Ligas Populares 28 de Febrero (LP–28).– Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños (CUTS).– Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS).– Federación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS).– Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del Alimento, Vestido, Textil, Similares y Conexos de El Salvador (FESTIAVTSCES).– Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS).– Federación de Sindicatos de la Industria de la Construcción, el Transporte, Similares y Conexos (FESICONTRANS).– Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos de El Salvador (ATACES).– Central Campesina Salvadoreña (CCS).– Sindicato Textil de Industrias Unidas S.A. (STIUSA).– Partido Unionista Centro Americano (PUCA)



Proclama de la Fuerza Armada de la República de El Salvador

Proclama de la Fuerza Armada de la República de El Salvador (1979)


(Con ocasión del Golpe de Estado del 15 de octubre de 1979)
A.La Fuerza Armada de El Salvador, plenamente consciente de sus sagrados deberes para con el pueblo salvadoreño y compenetrada del clamor de todos sus habitantes contra un Gobierno que:
  1. Ha violado los derechos humanos del conglomerado.
  2. Ha fomentado y tolerado la corrupción en la administración pública y de justicia.
  3. Ha creado un verdadero desastre económico y social.
  4. Ha desprestigiado profundamente al país y a la noble institución armada.

C.Conocedora con certeza de que los gobiernos en turno, productos a la vez de escandalosos fraudes electorales, han adoptado programas inadecuados de desarrollo, en los que los tímidos cambios de estructuras han sido frenados por el poder económico y político de sectores conservadores, los cuales en todo momento han defendido sus privilegios ancestrales de clases dominantes, poniendo incluso en peligro el capital consciente y de proyección social del país, el cual ha manifestado su interés en lograr un desarrollo económico justo de la población.
D.Firmemente convencida de que las condiciones anteriores son la causa fundamental del caos económico y social y de la violencia que se está adoleciendo en la actualidad, lo cual sólo puede ser superado con la llegada al Poder de un Gobierno que garantice la vigencia de un régimen auténticamente democrático.
Los lineamientos de este Programa de Emergencia son los siguientes:
I. CESE A LA VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN.
A) Haciendo efectiva la disolución de ORDEN y combatiendo organizaciones extremistas que con sus actuaciones violen los Derechos Humanos.
B) Erradicando prácticas corruptas en la Administración Pública y de la Justicia.
II. GARANTIZAR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A) Creando el ambiente propicio para lograr elecciones verdaderamente libres dentro de un plazo razonable.
B) Permitiendo la constitución de Partidos de todas las ideologías, de manera que se fortalezca el sistema democrático.
C) Concediendo amnistía general a todos los exiliados y presos políticos.
D) Reconociendo y respetando el Derecho de sindicalización de todos los sectores laborales.
E) Estimulando la libre emisión del pensamiento, de acuerdo con normas éticas.
III. ADOPTAR MEDIDAS QUE CONDUZCAN A UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LA RIQUEZA NACIONAL, INCREMENTANDO AL MISMO TIEMPO, EN FORMA ACELERADA, EL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO.
A) Creando bases firmes para iniciar un proceso de Reforma Agraria.
B) Proporcionando mayores oportunidades económicas para la población, mediante reformas en el sector financiero, tributario y de comercio exterior del país.
C) Adoptando medidas de protección al consumidor para contrarrestar los efectos de la inflación.
D) Implementando programas especiales de desarrollo que tengan por objetivo aumentar la producción nacional y crear fuentes adicionales de trabajo.
E) Reconociendo y garantizando el derecho a la vivienda, alimentación, educación y salud de todos los habitantes del país.
F) Garantizando la propiedad privada en función social.
IV. ENCAUZAR EN FORMA POSITIVA LAS RELACIONES EXTERNAS DEL PAÍS.
A) Restableciendo relaciones con el hermano país de Honduras con la mayor brevedad posible.
B) Fortaleciendo vínculos con el hermano pueblo de Nicaragua y su Gobierno.
C) Estrechando los vínculos que nos unen con los pueblos y gobiernos de las hermanas Repúblicas de Guatemala, Costa Rica y Panamá.
D) Estableciendo relaciones cordiales con todos los países del mundo que estén dispuestos a apoyar las luchas de nuestro pueblo y respetar nuestra soberanía.
E) Garantizando el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos.




Propuesta de diálogo del FMLN-FDR (Junio de 1983)

Propuesta de cinco puntos del FMLN-FDR para una solución política del conflicto bélico en El Salvador
5 de junio de 1983
Durante los últimos tres años, nuestros Frentes han manifestado la necesidad de una solución política al conflicto salvadoreño. El gobierno de El Salvador y la administración Reagan han respondido a nuestras propuestas rechazando el diálogo, así como incrementando la represión y la intervención política y militar contra nuestro pueblo.
Hoy, dado el innegable avance político y militar de las fuerzas democráticas y revolucionarias del pueblo salvadoreño, y la creciente presión internacional en favor de una solución política, nuestros enemigos pretenden cubrirse ellos con el manto del diálogo. Sin embargo, las palabras conciliado ras no pueden encubrir una trágica realidad de un gobierno salvadoreño cuya sola supervivencia depende del continuo terrorismo de Estado y el apoyo de la Administración Reagan. Este apoyo toma la forma de una creciente ayuda militar y la conducción de la guerra en El Salvador y Centro América.

Cinco Puntos

Dada esta situación, el FDR/ FMLN reafirmamos nuestra voluntad de continuar luchando hasta alcanzar nuestra independencia nacional, justicia y paz para nuestro pueblo. Al mismo tiempo, mantenemos nuestra política de diálogo y negociación, y proponemos los siguientes puntos como base para alcanzar una solución al conflicto a través de medios pol1ticos.
1. El principal objetivo es recuperar la soberanía nacional y alcanzar una solución justa que nos permita sobreponernos al actual estado de guerra impuesta; garantizando a todos los salvadoreños una sociedad independiente, democrática y justa, así como la coexistencia pacifica entre los pueblos centroamericanos.
2. El anterior objetivo puede alcanzarse a través de un diálogo directo sin condiciones previas entre las partes del conflicto, en el que todos los problemas que enfrenta nuestra sociedad puedan discutirse ampliamente; y al que todos los sectores interesados en la búsqueda de la paz y la justicia puedan contribuir.
3. Definimos que las partes directamente involucradas en el conflicto, son por una lado los Gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, y por otro, nuestros Frentes el FDR-FMLN. Si bien nuestro conflicto tiene sus raíces en la injusticia y represión sufrida por nuestro pueblo, el creciente papel militarista e intervencionista de la Administración del Presidente Reagan demuestra que en El Salvador no puede haber paz, ni justicia , ni independencia mientras continúe esa política.
4. Para lograr una solución política, la alianza entre las fuerzas democráticas y revolucionarias representadas por el FDR/FMLN es inseparable e indispensable. Los intentos de resolver la crisis con la exclusión de uno de nuestros Frentes no sólo es inviable, sino que rechazada por el FDR/FMLN como maniobra para dividirnos.
5. Consideramos necesario que participen terceras partes proporcionando sus buenos oficios y siendo testigos al diálogo. Por lo tanto, creemos conveniente que el diálogo debe darse en el marco de un foro en el que las partes en conflicto puedan reunirse en un ambiente que garantice seguridad y confianza.

Propuesta

Basados en esta posición, proponemos iniciar un proceso de diálogo dirigido a facilitar una negociación real entre el FDR/ FMLN y los Gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos.
El proceso de diálogo y negociación debe darse en un marco que promueva confianza: un Foro compuesto por aquellos gobiernos que mantienen una posición activa y reconocida en favor de un arreglo político a nuestro conflicto. Dados los criterios establecidos en nuestra Propuesta, procedemos ahora a evaluar las diferentes iniciativas que existen actualmente.
Sobre el Enviado Especial del Presidente Reagan: Consideramos al enviado especial para Centroamérica del Presidente Reagan, el Señor Richard Stone, como representante de una de las partes directamente involucradas en el conflicto y, por lo tanto, no un mediador. Debido a su papel de proporcionar apoyo económico, político y militar al régimen salvadoreño, así como su creciente control sobre las decisiones del gobierno salvadoreño, consideramos a la administración Reagan como parte beligerante que confronta directamente al FDR/FMLN. Por lo tanto, hemos presentado una carta al señor Stone proponiéndole que iniciemos un diálogo directo para discutir las formas de alcanzar una solución política, y que este diálogo se sostenga en los Estados Unidos, en presencia de testigos del Congreso estadounidense. Asimismo, hemos encomendado a la Comisión Político-Diplomática del FDR/FMLN con la tarea de buscar este diálogo.
Sobre la Comisión de Paz del Gobierno Salvadoreño: Estamos conscientes que la Comisión de Paz nombrada por el Presidente Alvaro Magaña ha emitido un llamado público al Frente Democrático Revolucionario (FDR), a la reflexión y el diálogo. Considerando esto, y reafirmando nuestra voluntad de entrar en un diálogo sin condiciones previas, pedimos al Gobierno salvadoreño que defina los siguientes puntos: —¿Qué es lo que representa la Comisión de Paz? . Sabemos que la creación de la Comisión de Paz fue el resultado de un pacto entre partidos políticos, uno de los cuales -ARENA- ha manifestado que un diálogo con nosotros sería una traición a la patria. Sus miembros fueron nombrados por el Presidente de la República, incluyen un obispo, un diplomático retirado; y un dirigente de un partido político minoritario de la coalición del gobierno. Es pertinente preguntarse entonces: ¿representa la Comisión a los Partidos Políticos? ¿a todos ellos? ¿al Gobierno? ¿a quién...? —¿Qué poderes tiene la Comisión de Paz? ¿tiene por intención servir un papel intermediario entre el Gobierno de El Salvador y nosotros, o tiene poder real para discutir y llegar a acuerdos sobre cuestiones sustantivas? La ausencia de fuerzas políticas y militares reales en su Composición apoya la premisa que es un mero instrumento intermediario. —¿Es que la iniciativa de la Comisión de Paz representa un cambio en la posición adoptada por el Gobierno cuando rechazó nuestra propuesta de diálogo en octubre de 1982? Es necesario que se clarifiquen esas preguntas para poder iniciar las conversaciones sobre una base firme y clara. También es necesario evitar el peligro de la manipulación maliciosa de la tarea seria y urgente de buscar la paz, el diálogo y la negociación. Rechazamos categóricamente cualquier intento de dividir nuestro Frentes. El FDR y el FMLN constituyen una alianza, y juntos estamos dispuestos a participar en una solución política.

Hacia el Futuro

El FDR/FMLN siempre ha mantenido que a fin de que efectivamente se inicie y desarrolle un diálogo, es necesario que terceras partes proporcionen sus buenos oficios y sean testigos del proceso. En el pasado hemos aceptado y alentado las iniciativas de diferentes gobiernos y fuerzas sociales. Recientemente, hemos manifestado que los cuatro gobiernos latinoamericanos conocidos como el Grupo de CONTADORA pueden proporcionar un Foro en el que el proceso de diálogo y negociación entre las partes puede llevarse a cabo. La reciente resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dando su apoyo a los esfuerzos del Grupo de CONTADORA confirma nuestra convicción. Por lo tanto, hemos estado interesados en alentar a los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, México, Panamá y Venezuela para que aborden la situación salvadoreña y desarrollen los mecanismos que permitirían a las partes en conflicto comprometerse a un diálogo constructivo. Sostenemos sin que esto excluya cualquier' iniciativa futura de buenos oficios- que la propuesta original de CONTADORA establece una base realista y objetiva para alcanzar la paz en El Salvador, y que ellos constituyen un Foro apropiado en el que se puede llevar a cabo el proceso de diálogo.
Comandancia General del Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN)
Comité Ejecutivo del Frente Democrático Revolucionario (FDR)




Propuesta de diálogo del FMLN-FDR (Octubre de 1982)

Propuesta de diálogo del Frente Democrático Revolucionario y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
5 de octubre de 1982
Partimos del hecho de que la inmensa mayoría de nuestro pueblo se encuentra luchando por construir una sociedad justa, en la que todos los individuos y la colectividad participen del derecho a una vida digna, disfruten de los bienes materiales producidos por la población y gocen de los beneficios de la cultura universal y de la ciencia.
Reconocemos la lucha histórica del pueblo salvadoreño que, con enormes esfuerzos, ha utilizado las distintas formas legales y pacíficas de lucha que estuvieron a su alcance, para conquistar la justicia, el derecho inalienable a ser dueño de su destino y a organizar su sociedad de la manera que le pareciere más conveniente, haciendo efectivo el derecho de la autodeterminación. Sin embargo, una minoría privilegiada hizo siempre uso de la fuerza para impedir estos anhelos, lo que produjo la consecuencia inevitable de que el pueblo salvadoreño recurriera a los medios militares de lucha política, haciendo uso de un derecho reconocido universalmente como legítimo.
La decisión de lucha del pueblo salvadoreño, nos permite afirmar que inevitablemente alcanzará su triunfo pero comprendemos que obtenido con elevados costos que le impone la misma minoría; y que la lucha, además de la gravísima pérdida de vidas humanas, causa gran destrucción del patrimonio nacional, que, evidentemente, hará más difícil para todo el pueblo salvadoreño la reconstrucción del país.
Es evidente que la intervención política y militar del gobierno de los Estados Unidos es causa fundamental en la prolongación del conflicto salvadoreño, e impide que nuestro pueblo determine libremente su destino social y político; además, la presente administración norteamericana ha incrementa do su injerencia en los asuntos de los Estados y pueblos centroamericanos, lesionando gravemente la soberanía de estos e impidiendo el ejercicio del derecho a nuestra autodeterminación. Por ello, la conducta actual del gobierno de los Estados Unidos amenaza seriamente la paz de la región y del mundo.
Consideramos valioso para los pueblos de la región y particularmente el salvadoreño, la posibilidad de encontrar un camino mediante el cual pudiésemos alcanzar más rápidamente la construcción de la paz, la democracia y la justicia social. Hemos estudiado con atención los llamamientos de dirigentes políticos de la región y del inundo, así como de dirigentes religiosos y organismos internacionales (organización de Naciones Unidas, Movimiento de Países No Alineados, etc.), que, preocupados por la magnitud del sufrimiento de nuestro pueblo y conscientes de que peligra la paz de la región y del mundo, han sugerido la búsqueda de formas y medios para el establecimiento de la paz y la justicia social.
Las últimas personalidades que han hecho llamamientos en este sentido, para citar solamente a algunos de ellos, han sido el Papa Juan Pablo II, al dirigirse al Episcopado y pueblo salvadoreño el 6 de agosto pasado, los presidentes de México y Venezuela, Licenciados José López Portillo y Luis Herrera Campins, respectivamente, y la Conferencia Episcopal de El Salvador, que el 15 de julio pasado exhortó a "todas las partes involucradas en el conflicto a que, abandonando toda postura irreductible, se abran a un diálogo sincero, leal, claro, animado de buena voluntad y en, espíritu de auténtico patriotismo, poniendo por encima de los intereses particulares o de grupo, la unión de la familia salvadoreña."
Existe constancia histórica de nuestra aceptación de sostener, conversaciones o negociaciones, y, a pesar de los sistemáticos rechazos recibidos, mantenemos la disposición de efectuar un diálogo directo porque sabemos que amplios sectores nacionales, tanto políticos como laborales, religiosos, militares, etc., están a favor de que se realicen conversaciones para la búsqueda de la paz.
En el sentido anterior y a fin de obtener la máxima eficacia en el esfuerzo por buscar los medios que puedan conducir a la solución del conflicto, a través de un diálogo, es necesario que este se realice entre las partes involucradas directamente en dicho conflicto; pero igualmente, creemos en la necesidad de que participen otros sectores nacionales que actúan en el campo político, religioso, laboral y académico, a fin de que aporten su valiosa contribución.
Por lo anterior, animados de un sincero patriotismo, haciendo honor a nuestra responsabilidad política y basándose en la voluntad de paz expresada por diferentes sectores de nuestro pueblo y por los demás pueblos centroamericanos, proponemos:
1. Que el Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por una parte, y por la otra el Poder Ejecutivo, Asamblea Nacional Constituyente y las Fuerzas Armadas de El Salvador, iniciemos prontamente un diálogo directo sin condiciones previas, orientado a encontrar caminos que conduzcan al establecimiento de la paz y la justicia social en El Salvador y que contribuya a distender la región centroamericana.
2. Que ambas partes designemos Delegados Plenipotenciarios para el efecto apuntado.
3. Que se integre un grupo de Buenos Oficios que organice y posibilite el diálogo y ponga en comunicación a los delegados de las partes, para que, conjuntamente determinen y acuerden los asuntos relativos al procedimiento de inicio y desarrollo del diálogo.
4. Que ambas partes, junto con el grupo de buenos oficios, realicen un examen de las formas de participación en el diálogo de otros sectores nacionales, entre los que mencionamos los siguientes Partidos Políticos, Organizaciones Laborales (obreras y campesinas), Asociaciones de Empresarios Privados, Sectores Eclesiásticos, Universidades, Colegios Profesionales y otros sectores gremiales interesados en aportar su valiosa contribución en la solución del conflicto salvadoreño.
5. Como muestra de buena voluntad y seriedad mutuas, y para arribar a resultados positivos, el diálogo se realice con la presencia de testigos solventes. Estés testigos podrán ser nacionales o extranjeros, según lo convengamos ambas partes.
El Frente Democrático Revolucionario y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional informamos que, con el objeto de facilitar la realización de este diálogo y para mostrar sincera disposición al mismo, hemos designado a nuestros Delegados Plenipotenciarios, cuyos nombres daremos a conocer oportunamente.
Por el Frente Democrático Revolucionario:
Guillermo Manuel Ungo,
Eduardo Calles,
Rubén Zamora.
Por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional:
Salvador Cayetano Carpio,
Joaquín Villalobos,
Shafick Jorge Handal,
Roberto Roca,
Fermán Cienfuegos.



Reporte de la Comisión de la Verdad para El Salvador

 

Extracto del Reporte de la Comisión de la Verdad para El Salvador
IV.- Casos y Patrones de Violencia
D. Asesinatos de los Escuadrones de la Muerte

CASO ILUSTRATIVO
ARZOBISPO ROMERO

RESUMEN DEL CASO
El 24 de marzo de 1980 el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, fue asesinado cuando oficiaba la misa en la Capilla del Hospital de la Divina Providencia.
La Comisión concluye lo siguiente:
1. El ex -Mayor Roberto D’Aubuisson Arrieta dio la orden de asesinar al Arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como “escuadrón de la muerte”, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato.
2. Los capitanes Alvaro Saravia y Eduardo Avila tuvieron una participación activa en la planificación y conducta del asesinato, así como Fernando Sagrera y Mario Molina.
3. Amado Antonio Garay, motorista del ex – Capitán Saravia, fue asignado para transportar al tirador a la Capilla. El señor Garay fue testigo de excepción cuando, desde un volkswagen rojo de cuatro puertas, el tirador disparó una sola bala calibre 22 de alta velocidad para matar al Arzobispo.
4. Walter Antonio “Musa” Alvarez, junto con el ex – Capitán Saravia, tuvo que ver con la cancelación de los “honorarios” del autor material del asesinato.
5. El fallido intento de asesinato contra el juez Atilio Ramírez Amaya fue una acción deliberada para desestimular el esclarecimiento de los hechos.
6. La Corte Suprema de Justicia asumió un rol activo que resultó en impedir la extradición desde los Estados Unidos, y el posterior encarcelamiento en El Salvador de ex – Capitán Saravia. Con ello se asignaba, entre otras cosas, la impunidad respecto de la autoría intelectual del asesinato.





 

 

 

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